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lunes, 29 de junio de 2009

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTADAL


ADMINISTRACION PÚBLICA ESTADAL



1.- Análisis de la normativa Constitucional
2.- Ley de elección y Remoción de Gobernadores de Estado.
3.- Ley orgánica de descentralización, delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.


Funciones: Nivel Intermedio

Constitución de la República Bolivariana


Título IV Capítulo III


Del Poder Público Estatal


Autonomía de los Estados

Artículo 159. Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.

Comentarios:
El sistema federal se caracteriza porque el poder político está dividido entre una autoridad central o nacional y unas unidades locales autónomas mas pequeñas denominadas provincias o estados.
La tradición constitucional de Venezuela es el sistema federal de gobierno, así lo declara el artículo 4º de la actual Constitución:
“La Republica Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución…”

En el Estado descentralizado las entidades político-territoriales que lo conforman, como en el caso nuestro, los estados y Municipios, son entidades políticos autónomas e independientes del Poder Central. La autonomía abarca la elección directa de sus autoridades, el poder para legislar en materias de su competencia, la autonomía necesaria para organizar los servicios públicos que prestan a las comunidades que sirven y la potestad de establecer impuestos y contribuciones que le permitan atender el gasto publico que generan lo servicios que prestan.

En Venezuela existen tres niveles de gobierno, el Poder Central, el Poder Estadal y el Poder Municipal, que a su vez contienen una rama ejecutiva, una rama legislativa, y, en el caso del Poder central una rama judicial. Además de estos poderes tradicionales existe en el nivel nacional un Poder ciudadano o Moral y el Poder Electoral, con lo cual se completan las cinco ramas del poder publico independientes y autónomas

En su estructura, dice la Exposición de Motivos, la Constitución define el Estado como descentralizado, para así expresar la voluntad de transformar en anterior Estado centralizado en un verdadero modelo federal con las especificaciones que requiere nuestra realidad. En todo caso –agrega- el régimen federal venezolano se regirá por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que son característicos de un modelo federal cooperativo, en las que las comunidades y autoridades de los distintos niveles políticos territoriales participan en la formación de las políticas publicas comunes a la nación, integrándose en una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que concurren. De esta manera, la acción del gobierno de los Municipios, de los estados y del Poder Nacional se armoniza y coordina, para garantizar los fines del Estado.

Los Estados son unidades políticos-territoriales intermedias entre la Republica, que ejerce su jurisdicción en todo el territorio nacional y los municipios, que son entidades menores, cuyo territorio se ubica en uno de los 23 Estados que conforman la republica, a la que se suma el Distrito Metropolitano de Caracas, que abarca los territorios de los Municipios Libertador, Baruta, El Hatillo, Chacao y Petare, el primero que antes pertenecía al Distrito Federal, hoy desaparecido y sustituido por la Alcaldía Metropolitana de Caracas, y los tres últimos que forman parte del Estado Miranda.

Base Legal

Se han dictado diversas leyes que desarrollan los principios constitucionales referidos a los Estados, y estas son:


Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de Estados
Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público, cuyas disposiciones quedaron en su mayor parte derogadas por el texto Constitucional.
Ley Orgánica de los Consejos Legislativos Estadales. Gaceta Oficial Nº 37282 del 13/09/01.
Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno
Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal
Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. (FIDES) (GO Nº 37066 del 30/10/00)


Autonomía de los Estados

La Autonomía de los Estados está consagrada en el artículo 159 de la Constitución, que declara que los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, lo cual le permite ser titulares de derechos y de obligaciones. La autonomía básicamente comprende:

Elección de sus autoridades por el voto popular y directo de los habitantes de cada uno de los Estados, tanto en lo que respecta al gobernador como a los diputados de los Consejos Legislativos Estadal.
Gestión de las materias de su competencia.
Creación, recaudación e inversión de sus ingresos.


Requisitos para ser Gobernador de un Estado


Artículo 160. El gobierno y administración de cada Estado corresponde a
un Gobernador o Gobernadora. Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar.
El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan. El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional.

Comentarios:

Funciones del Gobernador de Estado

El gobernador de estado, al igual que el Presidente de la República en el ámbito de lo nacional, es el jefe de gobierno y de la administración regional, y tiene a su cargo la planificación, dirección, coordinación y gestión del poder ejecutivo del Estado, la cual ejerce a través del tren ejecutivo, conformado generalmente por el Secretario General de Gobierno, que es su inmediato colaborador, y los Directores Regionales Sectoriales, que conforman la Administración Publica Estadal centralizada a la que se agrega la descentralizada, integrada por los Presidentes de los Institutos Autónomos, fundaciones y empresas estadales.

Requisitos para ser Gobernador de Estado

Establece el precepto, “para ser Gobernador se requiere ser venezolano, mayor de 25 años y de estado seglar”, de lo que se desprende que como la norma no distingue entre venezolano por nacimiento o por naturalización, se puede inferir que podrán ser gobernadores no solo las personas nacidas en el país, sino también los que hayan adquirido la nacionalidad venezolana, con la sola excepción de los gobiernos de los estados fronterizos, en los cuales el articulo 41 de constitución exige que quienes los ocupen sean venezolanos por nacimiento.


Periodo de duración del cargo

El gobernador será elegido por un periodo de cuatro años, por votación directa, universal y secreta de los electores inscritos en el Registro Electoral del Estado, pudiendo ser reelegido de inmediato y por una sola vez, para un periodo adicional, por lo que, vencido el periodo de reelección, la persona no se podrá volver a postular nuevamente para el cargo ni en forma inmediata ni en forma mediata, en razón de que la Constitución no contempla la reelección para un tercer mandato en el mismo Estado.


Revocabilidad del mandato de los gobernadores

El mandato de los gobernadores de Estado es siempre revocable, de allí que a partir del segundo año de su elección, que es la mitad de su periodo de gobierno, un numero de electores que represente el 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción, podrá solicitar la convocatoria de un referendo revocatorio. El mandato del gobernador quedará revocado cuando igual o mayor numero de electores que eligieron al gobernador hubiesen votado a favor de la revocación, siempre que concurra un numero de electores igual o mayor al 25% de los electores inscritos, de conformidad de los artículos 2 y 72 de la Constitución.

La sustitución del primer mandatario regional se hará tomando en cuenta lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de Estado vigente. Que establece: “Las faltas absolutas y temporales de los gobernadores serán suplidas por el funcionario que corresponda, de acuerdo con el procedimiento y formalidades previstas en la correspondiente Constitución del Estado”.

Ahora bien, si la Constitución no prevé la manera de cubrir la falta absoluta de los Gobernadores, se aplica lo establecido en el artículo 21 de dicha Ley, que señala:

“Si la falta se produjere antes de que se juramente el Gobernador o antes de que se cumpla la mitad del periodo, se encargara de la Gobernación el Presidente del Consejo Legislativo Estadal, hasta tanto se proceda, dentro de los noventa días siguientes, a una nueva elección directa, universal y secreta y tome posesión el Gobernador elegido”.
“Si la falta se produjere en la segunda mitad del periodo, el Consejo Legislativo, dentro de los treinta días siguientes, procederá a designar por votación secreta, un nuevo Gobernador para el resto del periodo. Mientras se elige al nuevo Gobernador, se encargará de la Gobernación el Secretario General de Gobierno o el funcionario a cargo de los asuntos políticos. Está interinaria deberá ser deberá ser ratificada por el Consejo Legislativo Estadal o la Comisión Delegada en su caso, dentro de cuarenta y ocho horas siguientes”.





Obligación de rendir cuentas

Artículo 161. Los Gobernadores o Gobernadoras rendirán, anual y públicamente, cuenta de su gestión ante el Contralor o Contralora del Estado y presentarán un informe de la misma ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.

Comentarios

Los Gobernadores de Estado están en la obligación de rendir cuenta. Esa obligación implica la demostración de que manejaron y custodiaron en forma correcta y transparente, los recursos administrados por el ejecutivo estadal durante el ejercicio económico correspondiente.


Artículo 162. El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y a los Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones siguientes:
1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal.
2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.
3. Las demás que le atribuya esta Constitución y la ley.
Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta Constitución establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto le sea aplicable. Los legisladores y legisladoras estadales serán elegidos o elegidas por un período de cuatro años pudiendo ser reelegidos o reelegidas solamente por dos períodos. La ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo.
Artículo 163. Cada Estado tendrá una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional. La Contraloría del Estado ejercerá, conforme a esta Constitución y la ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General de la República. Dicho órgano actuará bajo la dirección y responsabilidad de un Contralor o Contralora, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo serán determinadas por la ley, la cual garantizará su idoneidad e independencia; así como la neutralidad en su designación, que será mediante concurso público.


Artículo 164. Es de la competencia exclusiva de los estados:
1. Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos, de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución.
2. La organización de sus Municipios y demás entidades locales y su división políticoterritorial, conforme a esta Constitución y a la ley.
3. La administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales.
4. La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales.
5. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción, de conformidad con la ley.
6. La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.
7. La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas.
8. La creación, régimen y organización de los servicios públicos estadales.
9. La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales.
10. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional.
11. Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a la competencia nacional o municipal.
Artículo 165. Las materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta legislación estará orientada por los principios de la interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad.
Los Estados descentralizarán y transferirán a los Municipios los servicios y competencias que gestionen y que éstos estén en capacidad de prestar, así como la administración de los respectivos recursos, dentro de las áreas de competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder Público. Los mecanismos de transferencia estarán regulados por el ordenamiento jurídico estadal.


Artículo 166. En cada Estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, presidido por el Gobernador o Gobernadora e integrado por los Alcaldes o Alcaldesas, los directores o directoras estadales de los ministerios y representación de los legisladores elegidos o legisladoras elegidas por el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales o concejalas y de las comunidades organizadas, incluyendo las indígenas donde las hubiere. El mismo funcionará y se organizará de acuerdo con lo que determine la ley.


Artículo 167. Son ingresos de los Estados:
1. Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y las que les sean atribuidas.
3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales.
4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado es una partida equivalente a un máximo del veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los Estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje por partes iguales, y el setenta por ciento restante en proporción a la población de cada una de dichas entidades.
En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a la inversión un mínimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por concepto de situado. A los Municipios de cada Estado les corresponderá, en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del veinte por ciento del situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo Estado.
En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan una modificación del Presupuesto Nacional, se efectuará un reajuste proporcional del situado.
La ley establecerá los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos provenientes del situado constitucional y de la participación municipal en el mismo.
5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asigne por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las haciendas públicas estadales.
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los Estados podrán compensar dichas asignaciones con modificaciones de los ramos de ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar la equidad interterritorial. El porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que se destine al situado constitucional, no será menor al quince por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo cual se tendrá en cuenta la situación y sostenibilidad financiera de la Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administraciones estadales para atender adecuadamente los servicios de su competencia.
6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial y de cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial, así como de aquellos que se les asigne como participación en los tributos nacionales, de conformidad con la respectiva ley.




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