DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE ESTABILIDAD LABORAL




En el marco de la Ley Habilitante conferida al Ejecutivo Nacional por el poder Legislativo en fecha 01 de febrero de 2007, se presentó por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el proyecto de DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGANICA DE ESTABILIDAD LABORAL, cuyo objeto principal es garantizar y regular la estabilidad en el trabajo de los trabajadores y trabajadoras venezolanos, con el fin de que de dicha Sala Constitucional se pronuncie sobre el carácter de Orgánica de dicho proyecto de ley.
Este cuerpo normativo viene a regular la Estabilidad Laboral en Venezuela, la cual se encontraba regulada en los artículos 112 y siguientes de la vigente Ley Orgánica del Trabajo.
Hasta entonces en nuestro país existían dos (2) tipos de estabilidad laboral, a saber, la estabilidad relativa o impropia y la estabilidad absoluta o propiamente dicha que se equipara a la inamovilidad. La estabilidad relativa estaba dada a la generalidad de trabajadores siempre que tuvieren más de tres (3) meses al servicio de un patrono, no fuesen empleador de dirección y tuvieran carácter de permanencia, y la estabilidad absoluta estaba destinada a proteger a un colectivo especifico de trabajadores que por distintas circunstancias estuviesen investidos de un fuero especial, como lo son los miembros de las juntas directivas sindicales, la mujer en cinta, los promoventes de una organización sindical, los trabajadores en conflicto colectivo entre otros.
En este orden de ideas existe en aún en Venezuela el despido libre, es decir, el despido sin justificación, teniendo el empresario la posibilidad de pagar una indemnización que suple a la garantía de estabilidad en el empleo. Así lo dispone el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece tarifas indemnizatorias para la procedencia de un despido sin justificación.
Con este cuerpo normativo dedicado a la estabilidad en el trabajo se cambia el propósito de la protección a la estabilidad laboral y desaparece la estabilidad relativa o impropia, ya que el empresario no tendrá la posibilidad de despedir libremente a un trabajador sin justificación pagando una indemnización. Las nuevas normas relativas a la estabilidad laboral establecen la restricción de despedir libremente a un trabajador sin que previamente haya sido autorizado por la autoridad administrativa competente.
Esta ley establece los principios que regirán la estabilidad en el trabajo, así como los procedimientos a seguir en los casos de despidos, haciendo énfasis en la mediación y la conciliación previa como formula de solución de conflictos laborales y en la participación de los trabajadores y trabajadoras y empleadores y empleadoras en los comités de sustanciación, mediación y conciliación.
Artículo 1. Esta ley tiene por objeto, garantizar y regular la estabilidad en el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras que se rigen por las normas contempladas en la legislación del trabajo ordinaria, quienes no podrán ser despedidos trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin que previamente hayan sido autorizados por la autoridad administrativa competente. Cuando el empleador o empleadora por voluntad unilateral termine la relación laboral sin haber obtenido la autorización del Inspector o Inspectora del Trabajo dicha acción se entenderá como un despido y será considerado nulo.
Ámbito de aplicación
Artículo 2. Todos los trabajadores y trabajadoras permanentes, regidos por la legislación del trabajo, con más de tres meses ininterrumpidos al servicio de un empleador o empleadora, quedan amparados por esta ley. En los caso de los trabajadores y trabajadoras del sector privado que sean afectados por una reducción de personal por circunstancias económicas, de progreso o modificaciones tecnológicas, y de aquellos que presten sus servicios para un empleador o empleadora con menos de veinte trabajadores o trabajadoras, se aplicarán los procedimientos
especiales previstos en esta ley.
Exclusiones
Artículo 3. Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley:
1. Los funcionarios y funcionarias públicos nacionales, estadales y
municipales.
2. Los funcionarios y funcionarias de los cuerpos armados.
3. Los trabajadores y trabajadoras de dirección.
4. Los trabajadores y trabajadoras temporeros, eventuales u
ocasionales.
5. Los trabajadores y trabajadoras contratados a tiempo determinado o
para una obra determinada.
6. Los trabajadores y trabajadoras domésticos.
7. Los trabajadores y trabajadoras deportistas profesionales.
8. Los trabajadores y trabajadoras actores, músicos, folkloristas y
demás trabajadores intelectuales y culturales.
9. Los trabajadores y trabajadores a domicilio.
10. Los trabajadores y trabajadoras del sector público que sean afectados por una reducción de personal debido a procesos de reestructuración en la organización administrativa, supresión y
liquidación del órgano o ente. La reducción será autorizada por el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros, los Gobernadores en los Estados y los Alcaldes en los Municipios.
Orden público
Artículo 4. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de aplicación territorial, rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión a la relación laboral y en ningún caso serán renunciables, ni relajables por convenios entre particulares.
De la estabilidad en el trabajo
Artículo 5. Todos los trabajadores y trabajadoras gozan de estabilidad. El empleador o empleadora únicamente podrá finalizar la relación laboral cuando cumpla con los procedimientos consagrados en esta ley y obtenga la autorización formal para ello, emanada del Inspector o
Inspectora del Trabajo con competencia en la jurisdicción donde el trabajador o trabajadora preste sus servicios.
Incentivos a empleadores
Artículo 6. Con el objeto de incentivar la estabilidad en el trabajo como mecanismo de protección de la fuente de empleo, los empleadores o empleadoras que cumplan cabalmente con los procedimientos previstos en esta ley, serán beneficiarios privilegiados de las políticas que en materia fiscal, económica y administrativa adopte el Estado para garantizar el impulso y desarrollo de la actividad de producción y de prestación de servicios en el sector público y privado.
Principios de la justicia laboral administrativa
Artículo 7. La justicia laboral en sede administrativa será garantizada por los órganos administrativos y auxiliares competentes, atendiendo a los principios de brevedad, oportunidad, uniformidad, corresponsabilidad, oralidad, inmediatez, publicidad, equidad, primacía de la realidad de los hechos sobre las apariencias y gratuidad que rigen al Derecho Laboral, y orientarán su actuación en la solución de las controversias mediante la aplicación de los medios alternos de solución de conflictos.
Respeto a la autoridad administrativa del trabajo
Artículo 8. El Inspector o Inspectora del Trabajo en ejercicio de sus funciones impondrá el orden y el respeto debido a su autoridad y a la de sus funcionarios, pudiendo hacer uso de la fuerza pública, la cual deberá ejecutar sin dilación las instrucciones que éste le comunique.
De la conducta de las partes
Artículo 9. El Inspector o Inspectora del Trabajo, de oficio o a petición de parte debe tomar todas las medidas necesarias establecidas en la ley para prevenir o sancionar la falta de probidad en el procedimiento, las contrarias a la ética profesional, la colusión, el fraude procesal o cualquier otro acto contrario a la autoridad de su cargo y al respeto que se deben las partes. A tal efecto podrá extraer elementos de convicción de la conducta procesal de las partes, de sus apoderados o de los terceros, y oficiar lo conducente a los órganos jurisdiccionales competentes con el fin de que se establezcan las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar.
Prelación de las fuentes
Artículo 10. El Inspector o Inspectora del Trabajo que dirima conflictos entre un empleador o empleadora y un trabajador o trabajadora en materia de estabilidad en el trabajo, debe observar en orden de prelación y adicional a las normas de la presente ley, los siguientes instrumentos jurídicos:
1.-Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento.
2.-Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
3.-Código de Procedimiento Civil.
4.-Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Capítulo II
De los Órganos Administrativos de Estabilidad en el Trabajo
Órganos que ejercen
la justicia laboral administrativa
Artículo 11. La justicia laboral en sede administrativa se ejerce por las Inspectorías del Trabajo y sus órganos auxiliares. A los efectos de la aplicación de la presente ley se crean los Comités de
Sustanciación, Mediación y Conciliación como órganos auxiliares de la justicia laboral en sede administrativa.
Del procedimiento de estabilidad en el trabajo
Primera: A los efectos de la esta ley se desaplican los artículos 125 y 126 de la Ley Orgánica del Trabajo, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.152 Extraordinario de fecha 19 de junio de 1997, así como el Titulo VIII Capítulo I De la Estabilidad en el Trabajo de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 37.504Extraordinario de fecha 13 de agosto de 2002.
Segunda: La presente Ley entrará en vigencia transcurrido ciento ochenta días siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

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